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Propone PAN eliminar facultades al gobierno de la CDMX para establecer programas de desarrollo urbano y modificar usos de suelo: Margarita Martínez Fisher

Ciudad de México, 29 de marzo de 2016.

* Al trasladar estas facultades a la ALDF se garantiza transparencia, neutralidad y eliminar mecanismos discrecionales.

* La ALDF será la única facultada para dar certeza en materia de planeación y modificación de usos de suelo, esto evitará malas prácticas como la corrupción que beneficia a intereses privados afectando a los vecinos.

Para evitar que el gobierno de la Ciudad de México realice modificaciones a discreción en el uso de suelo, la diputada Margarita Martínez Fisher, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso que se trasladen las facultades de formular programas de desarrollo urbano a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eliminando las funciones que actualmente tiene la SEDUVI, y el Jefe de Gobierno.

Asimismo, propuso que se deroguen los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano que actualmente permiten cambios en el uso de suelo de forma discrecional, lo que propicia un entorno en el cual se pueden realizar obras en contra del beneficio de la mayoría ciudadanía.

Martínez Fisher también sugirió la creación del Instituto de Políticas Públicas para el Desarrollo e Infraestructura Urbana como una Unidad Administrativa, con un auténtico carácter técnico e imparcial en la ALDF.

Además, expuso la necesidad de crear un Consejo Técnico-Ciudadano de Políticas Públicas para el Desarrollo e Infraestructura Urbana, para la planeación y evaluación ciudadana en materia de ordenamiento territorial.

La legisladora del PAN, señaló que este tipo de mecanismos ayudarán a evitar que desarrolladores privados realicen obras a costa del interés público, al generar un contrapeso entre el poder legislativo y el ejecutivo de la Ciudad de México “eliminando incentivos para la corrupción”, propiciando mecanismos eficaces de información y consulta para que los ciudadanos expresen su opinión en cuanto al futuro de su entorno urbano.

A través de la creación de estas nuevas instituciones en el ámbito de la ALDF, se propiciará la planeación de la Ciudad, en un entorno de trasparencia y máxima publicidad, lo que generará una visión integral del ordenamiento del territorio.

Martínez Fisher consignó que el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal continúa sin actualizarse desde 2003, y en casos como el Programa Delegacional de Cuajimalpa, han permanecido sin cambios desde 2007, lo que pone en evidencia la incapacidad del Gobierno de la Ciudad para generar proyectos integrales y de largo plazo en los últimos trece años.

Ante esta deficiencia e inmovilidad en términos de la planeación integral y general de la Ciudad, con los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano, se abre la posibilidad de modificaciones específicas a predios, lo cual genera conflictos territoriales y sociales, pues no existe certeza jurídica en cuanto a los cambios que se realizan.

Esta situación propicia a que actualmente exista corrupción y discrecionalidad en el otorgamiento de cambios de uso de suelo, muchas veces se regularizan violaciones existentes y en otros casos el procedimiento para el cambio de uso no es suficientemente claro, además no existen verdaderos mecanismos para considerar la participación ciudadana.

Martínez Fisher recordó que la Legislatura anterior recibió 88 propuestas de modificación, de las cuales, el 57 por ciento fueron aprobadas.

La Delegación Miguel Hidalgo tiene el mayor número de solicitudes de cambio al uso de suelo con 24 por ciento, seguido de Álvaro Obregón con 15 por ciento, después Coyoacán con 14 por ciento, Cuauhtémoc con 13 por ciento y Benito Juárez con 7 por ciento.

Los usos más solicitados son para vivienda con 28 por ciento, oficinas con 17 por ciento, servicios con 13 por ciento, comercio con 11 por ciento, escuelas con 8 por ciento, y restaurante con 6 por ciento.

En cuanto al artículo 42 de la Ley, se establece el procedimiento para que la SEDUVI realice cambios sin consulta alguna con la población residente y sin la intervención de la ALDF, lo que genera privilegios a la especulación, en lugar de la inversión productiva, en detrimento del medio ambiente y por lo tanto de la calidad de vida ciudadana.

Esta situación también genera un entorno de corrupción entre autoridades y agentes económicos.

Al trasladar los poderes a la ALDF, se asegura que los derechos colectivos estén por encima del interés particular, se garantiza certeza jurídica y sustentabilidad en el largo plazo.


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