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DF requiere nueva Ley de Vivienda que proteja a los grupos vulnerables: Margarita Martínez Fisher

14 de diciembre de 2015 

La diputada Margarita Martínez Fisher destacó la importancia de promover una nueva regulación urbana en materia de vivienda para la Ciudad de México que considere e integre los aspectos necesarios para su adecuada inserción social, territorial y ambiental.

Durante la inauguración del Foro “La situación de la vivienda: Problemas y Soluciones”, que se llevó a cabo en el auditorio Benito Juárez de la ALDF, Martínez Fisher se pronunció por “revisar y ampliar, a la luz de los nuevos principios del urbanismo contemporáneo y sustentable, los conceptos y criterios relativos a la construcción del hábitat y de la vivienda social y popular para avanzar hacia su correcta integración,  a través de su incorporación en el marco normativo y regulatorio urbano y constructivo de la ciudad de México”.

La legisladora panista insistió en que se requiere construir un nuevo marco normativo para la vivienda, particularmente para la vivienda social y popular (que garantice la transferencia de los beneficios de la ciudad para los grupos más vulnerables), pero que incluya, adicionalmente, los criterios urbanos sobre el uso del suelo, la densidad de vivienda, el número de niveles, el área libre de construcción y los espacios para estacionamiento y los relativos a los aspectos constructivos y tectónicos, que promuevan el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes y mejore las condiciones para su desarrollo humano.

Margarita Martínez Fisher, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, dijo que es fundamental transitar hacia el fortalecimiento de los órganos e instituciones de promoción y construcción de la vivienda social y popular, tanto para aquella que se desarrolla por las organizaciones sociales y populares como la que se construye y financia por los institutos de vivienda local y federal.

Asimismo, aseguró que se debe priorizar la formulación de una fuerte política fiscal y financiera de adquisición de suelo urbano en  zonas y predios correctamente equipados y ubicados (funcional y ambientalmente), articulada correctamente con los esquemas de financiamiento para la construcción del hábitat y de la vivienda social y popular.

“Transitar hacia un modelo normativo y regulatorio urbano, constructivo y fiscal orientado a las buenas prácticas, tanto para la construcción de vivienda social y popular como para la construcción del hábitat en general; acompañado y fortalecido de un conjunto de regulaciones y sanciones que desincentiven las actuaciones inmobiliarias fuera de la ley y de la regulación urbana y constructiva, respectivas”, también es indispensable, dijo.

Agregó que derivado de un diagnóstico riguroso sobre el conjunto de empresas y organizaciones dedicadas a la construcción de vivienda social y popular, se debe determinar, adicionalmente a las adecuaciones, modificaciones o actualización de la Norma 26 y/o respecto a la materialización de una nueva normativa, la constitución de un Padrón de Excelencia de Desarrolladores y Productores Sociales de Vivienda Social y Popular, con solvencia moral y técnica reconocida y documentada que incentive las buenas prácticas vía la emisión de los incentivos (fiscales, administrativos y normativos) a sus proyectos y acciones de construcción y producción de vivienda social y/o popular.

Además, “se deben diseñar las normas y regulaciones que permitan dirigir y guiar el valor del suelo, vía su valor residual (el valor que tienen los predios por la que la normativa les permite construir encima), hacia el fomento a los procesos de construcción de la vivienda y el hábitat orientados a la implantación de buenas prácticas, y no como se hace ahora: el beneficio normativo lo tienen los propietarios de los predios, aún a pesar que no tengan ningún deseo de construir vivienda social y/o popular”, puntualizó.

En este Foro también participaron las diputadas Dunia Ludlow y Rebeca Peralta León, además de diversos especialistas y funcionarios de la SEDATU, de la Comisión Nacional de Vivienda, del INVI, de la UAM Azcapotzalco, Canadevi Valle de México y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, entre otros.
 


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